Realización de Campaña de Comunicación sobre las acciones del proyecto, procesos de

incidencia y participación en la COP31

Proyecto: Gestión territorial sostenible con enfoque de género para la protección de los

recursos del pueblo Garífuna de Honduras.

ANTECEDENTES

El pueblo Garífuna de Honduras se encuentra asentado a lo largo de la costa norte, en cinco

departamentos: Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía. De igual manera

se registra un incremento de la presencia de Garífunas en núcleos urbanos de San Pedro Sula,

Tegucigalpa, La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, El Progreso y otras.

La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, desde su fundación se ha vinculado a la

defensa y el respeto de los derechos humanos de la población Afrohondureñas, realizando

acciones para combatir el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, así

como otros casos denunciados por la violación a los derechos humanos.

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA.

Desarrollar una campaña de comunicación para visibilizar las principales acciones, avances

y resultados del proyecto, los procesos de incidencia impulsados por la Organización de

Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) y la participación en la COP31, mediante la

planificación, producción y difusión de contenidos comunicacionales para radio y

plataformas digitales.

PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA.

Producto 1:

➢ Plan de trabajo en base a los productos diseñados para la campaña de información,

Educación y comunicación para promover la participación política de los pueblos

Indígenas y Afrodescendientes

➢ Guiones de los spots de radio en español, Garifuna e ingleses comunicacionales

utilizadas en la producción.

Producto 2:

➢ 2 videos cortos, editados y adaptados para redes sociales y plataformas digitales.

➢ 10 diseños de plantillas de infografía.

➢ 9 spots de radio en español, inglés traducido al Garífuna.Producto 2:

➢ Informe de difusión

APROBACIÓN DE PRODUCTOS:

Todos los productos deberán ser validados y aprobados por la ODECO.

FORMAS DE PAGO

➢ Primer pago: 30% a la firma de contrato por la adjudicación de la consultoría y

presentación de la propuesta técnica, cronograma y propuesta económica

➢ Segundo pago 30% al presentar todos los productos y plan de difusión.

➢ Tercer pago 40% a la entrega del informe de alcance de la difusión para radios y redes

sociales

PERFIL DE CONSULTOR / EQUIPO CONSULTOR

La persona consultora deberá cumplir, preferiblemente, con los siguientes requisitos:

➢ Profesional o técnico/a en comunicación, periodismo, producción audiovisual o áreas

afines.

➢ Experiencia comprobada en producción de contenidos para radio, redes sociales y

plataformas digitales.

➢ Experiencia en elaboración de campañas de comunicación y producción de materiales

audiovisuales.

➢ Se valorará experiencia en comunicación social, derechos humanos, pueblos

indígenas y afrodescendientes, cambio climático, defensa territorial o temas

ambientales.

➢ Capacidad para trabajar de manera coordinada con ODECO y el equipo responsable

del proyecto.

➢ Capacidad de organización, creatividad y cumplimiento de los productos

establecidos.

DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

El tiempo máximo estimado para la consultoría será de un mes (6 meses días efectivos) a

partir de la firma del contrato.

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

Enviar ofertas técnicas, económicas y requerimientos de aplicación de los servicios a ser

ofrecidos al correo electrónico odeco.hn@gmail.com indicando en el Asunto:

Implementación de la campaña comunicación, hasta el 02 de octubre del 2026 a las 5:00 p.m.

Ya está abierta la convocatoria para la IV edición del Curso de Formación Permanente “Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: historia, derechos y desafíos actuales”, una iniciativa de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), a través del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos «Francisco de Vitoria», en colaboración con la AECID.

🎓 35 becas completas, valoradas en 1.000 € cada una.

( Las becas darán prioridad a representantes, activistas y, en general, a personas de la comunidad afrodescendiente con o sin estudios universitarios, procedentes de América Latina y del Caribe)

Tras tres ediciones, hemos formado a más de 100 activistas, académicos/as, líderes y lideresas comunitarias, defensores/as de derechos humanos y comunicadores/as afrodescendientes de más de 20 países de América Latina y el Caribe.

👥 Uno de los principales valores del curso es su profesorado: aproximadamente el 90 % del equipo docente está integrado por personas afrodescendientes, procedentes de diferentes países de la región y sus diásporas.

Porque no se trata únicamente de estudiar las realidades afrodescendientes, sino de aprender con quienes las investigan, las piensan, las comunican, las defienden y las transforman desde sus propias trayectorias y territorios.

💻 100 % online | ⏱️ 150 horas | 🎓 6 ECTS | 🗣️ Español

🌎 Aunque la formación se desarrolla en español, el equipo de coordinación trabaja también en portugués, francés e inglés. Se reciben candidaturas de países no hispanohablantes de la región, siempre que se cuente con conocimientos de español suficientes para seguir el curso.

📑 ¿QUÉ NECESITAS PARA POSTULAR?

🔹 Solicitud de admisión

 🔹 DNI, pasaporte o cédula de identidad

 🔹 Carta de motivación

 🔹 Curriculum vitae

 🔹 Carta de compromiso de asistencia

 🔹 Carta de una organización que acredite tu trayectoria

 🔹 Opcional, pero valorada positivamente: carta de una organización afrodescendiente que acredite tu trayectoria de activismo o trabajo comunitario en la promoción y defensa de los derechos humanos.

📅 Plazo: hasta el 15 de noviembre de 2026.

👉 Presenta tu candidatura cuanto antes. Aunque el plazo permanecerá abierto hasta esa fecha, se valorará positivamente la presentación temprana de candidaturas.

💻 POSTULACIÓN:

 Solicitud de admisión UC3M – https://lnkd.in/ecjgDtsK

📚 Módulos y profesorado:

 Consulta el programa – https://lnkd.in/dUck9xYp

📩 Dudas: cursoafrodescendientes@uc3m.es

📢 ¡Ayúdanos a difundir la convocatoria!

#Afrodescendientes #AECID #UC3M #DerechosHumanos #Becas

PRONUNCIAMIENTO

El Estado de Honduras debe atender las observaciones de Naciones

Unidas, revisar el Decreto 84-2026 y derogar el 107-2026

Las organizaciones abajo firmantes, reunidas en el Campamento Berta Vive/Campamento de Resistencia por la Vida del Pueblo Garífuna, reafirmamos la legitimidad histórica de las luchas campesinas, indígenas y garífunas por la tierra, los territorios, los bienes comunes y la defensa de la vida; y expresamos nuestro rechazo a las disposiciones legales y actuaciones del actual gobierno que buscan debilitar estos derechos, favorecer procesos de despojo y criminalizar la organización y la movilización social.

Durante décadas, las comunidades, pueblos y organizaciones populares hemos denunciado la concentración de la tierra, los desalojos, la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales sobre territorios comunitarios, la criminalización de quienes defienden sus derechos y el debilitamiento de las instituciones responsables de garantizar el acceso a la tierra y la protección de los bienes naturales.

Las comunicaciones emitidas los días 21 y 25 de agosto de 2026, por distintos Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advierten sobre los riesgos que representan los Decretos Legislativos 107-2026 y 84-2026 para el ejercicio de derechos fundamentales, y solicitan al Estado hondureño explicar las medidas que adoptará para garantizar su compatibilidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Estas observaciones respaldan y dan proyección internacional a las alertas y reivindicaciones que las organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y defensoras del territorio hemos venido sosteniendo en el marco de esta Alianza.

Respecto del Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, Naciones Unidas advierte sobre posibles afectaciones a los derechos a la tierra, la alimentación, la vivienda, la participación, la reunión y la asociación, el acceso a la justicia, la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos.

Las observaciones internacionales coinciden con los planteamientos de la Alianza en que el Decreto 107-2026 constituye una amenaza para los procesos de reforma agraria, las recuperaciones territoriales, la defensa de los bienes comunes y las posibilidades de resolver democráticamente los conflictos relacionados con la tierra. La comunicación advierte, además, que en contextos marcados por procesos históricos de despojo e injusta distribución de la tierra, los Estados están obligados a impulsar reformas agrarias que aseguren un acceso eficaz y equitativo a la tierra.

Respecto del Decreto 84-2026, los Procedimientos Especiales expresan preocupación por la amplitud de determinadas disposiciones relacionadas con el terrorismo y la criminalidad organizada; sus implicaciones para el principio de legalidad y el debido proceso; y su posible utilización contra personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones de la sociedad civil.

En un país marcado por décadas de criminalización de las luchas territoriales, estas disposiciones pueden convertirse en nuevas herramientas de persecución contra quienes defienden la tierra, el territorio, el agua, los bosques y los bienes comunes. La propia comunicación advierte sobre el riesgo de que actividades legítimas de organización, incidencia, movilización social o acompañamiento directo sean asociadas indebidamente con el terrorismo o la delincuencia organizada.

Naciones Unidas ha solicitado al Estado explicar qué salvaguardas adoptará para evitar que estas normas sean utilizadas contra campesinos, organizaciones rurales, cooperativas, sindicatos y quienes participan en protestas pacíficas relacionadas con la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Ante esta situación, y en consonancia con las preocupaciones planteadas por los Procedimientos Especiales, exigimos al Estado de Honduras derogar el Decreto Legislativo 107-2026, por sus efectos regresivos sobre los derechos a la tierra, la alimentación, la vivienda, la participación, la protesta y la defensa de los derechos humanos, y por obstaculizar una política de acceso equitativo a la tierra y de reforma agraria; detener los desalojos forzosos, arbitrarios o abusivos contra comunidades campesinas, indígenas y garífunas, especialmente aquellos ejecutados al amparo del Decreto 107-2026 y de la Circular DGPN-(S/D)- No. 009-2026, ante el riesgo de despojo, desplazamiento forzado y afectaciones a la vivienda, la alimentación y la tierra; garantizar que ninguna actuación estatal frente a conflictos agrarios, protestas o reivindicaciones territoriales derive en el uso desproporcionado de la fuerza, represión o desmovilización abusiva, y asegurar mecanismos de reparación frente a violaciones de derechos humanos; garantizar el derecho de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas a la organización, la reunión pacífica y la participación efectiva en las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, la propiedad y el uso de la tierra; garantizar control y supervisión judicial efectiva de cualquier actuación de desalojo, asegurando el debido proceso y la protección del acceso a la tierra, el agua, las semillas, los cultivos, el ganado y otros recursos indispensables para los medios de vida de las comunidades; garantizar que las personas campesinas, indígenas y defensoras del territorio puedan ejercer sus derechos y defender la tierra, el territorio y los bienes comunes sin temor a represalias, criminalización o persecución; revisar integralmente el Decreto Legislativo 84-2026, separando claramente los marcos jurídicos aplicables al terrorismo y a la delincuencia organizada y garantizando que las definiciones penales cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; establecer salvaguardias claras para impedir que el Decreto 84-2026 sea utilizado contra campesinos, comunidades rurales, cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales en contextos de conflictos agrarios, recuperación de tierras o protestas pacíficas en defensa de la tierra y el territorio; garantizar que ninguna disposición del Decreto 84-2026 sea utilizada para criminalizar la defensa de los derechos humanos, del ambiente, de la tierra y del territorio, ni para equiparar las actividades legítimas de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil con terrorismo o delincuencia organizada; garantizar que las formas propias de organización de los pueblos indígenas, las estructuras comunitarias y las organizaciones sociales no puedan ser calificadas como terrorismo o delincuencia organizada; fortalecer la agricultura familiar campesina y avanzar hacia una política efectiva de acceso equitativo a la tierra y reforma agraria, en correspondencia con los estándares internacionales de derechos humanos; y exigimos la destitución inmediata del ministro director del INA, el señor Javier Talavera, por su racismo y el manifiesto desprecio institucional hacia las familias campesinas y defensoras de los derechos territoriales. Sus discursos no solo estigmatizan la legítima lucha por la tierra y vulneran la dignidad humana, sino que promueven la conflictividad agraria y validan la criminalización de quienes defendemos activamente los territorios ancestrales y productivos en Honduras.