{"id":627,"date":"2026-09-11T03:47:15","date_gmt":"2026-09-11T03:47:15","guid":{"rendered":"https:\/\/odecohn.com\/?p=627"},"modified":"2026-09-11T03:47:58","modified_gmt":"2026-09-11T03:47:58","slug":"alianza-campesina-indigena-garifuna-y-popular-de-honduras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/odecohn.com\/index.php\/2026\/09\/11\/alianza-campesina-indigena-garifuna-y-popular-de-honduras\/","title":{"rendered":"ALIANZA CAMPESINA, INDIGENA, GARIFUNA Y POPULAR DE HONDURAS"},"content":{"rendered":"\n

PRONUNCIAMIENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Estado de Honduras debe atender las observaciones de Naciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Unidas, revisar el Decreto 84-2026 y derogar el 107-2026<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las organizaciones abajo firmantes, reunidas en el Campamento Berta Vive\/Campamento de Resistencia por la Vida del Pueblo Gar\u00edfuna, reafirmamos la legitimidad hist\u00f3rica de las luchas campesinas, ind\u00edgenas y gar\u00edfunas por la tierra, los territorios, los bienes comunes y la defensa de la vida; y expresamos nuestro rechazo a las disposiciones legales y actuaciones del actual gobierno que buscan debilitar estos derechos, favorecer procesos de despojo y criminalizar la organizaci\u00f3n y la movilizaci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

Durante d\u00e9cadas, las comunidades, pueblos y organizaciones populares hemos denunciado la concentraci\u00f3n de la tierra, los desalojos, la expansi\u00f3n de proyectos extractivos y agroindustriales sobre territorios comunitarios, la criminalizaci\u00f3n de quienes defienden sus derechos y el debilitamiento de las instituciones responsables de garantizar el acceso a la tierra y la protecci\u00f3n de los bienes naturales.<\/p>\n\n\n\n

Las comunicaciones emitidas los d\u00edas 21 y 25 de agosto de 2026, por distintos Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advierten sobre los riesgos que representan los Decretos Legislativos 107-2026 y 84-2026 para el ejercicio de derechos fundamentales, y solicitan al Estado hondure\u00f1o explicar las medidas que adoptar\u00e1 para garantizar su compatibilidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Estas observaciones respaldan y dan proyecci\u00f3n internacional a las alertas y reivindicaciones que las organizaciones campesinas, ind\u00edgenas, gar\u00edfunas y defensoras del territorio hemos venido sosteniendo en el marco de esta Alianza.<\/p>\n\n\n\n

Respecto del Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protecci\u00f3n del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energ\u00eda, Turismo, Ganader\u00eda y Peque\u00f1os Productores Agr\u00edcolas de Honduras, Naciones Unidas advierte sobre posibles afectaciones a los derechos a la tierra, la alimentaci\u00f3n, la vivienda, la participaci\u00f3n, la reuni\u00f3n y la asociaci\u00f3n, el acceso a la justicia, la protecci\u00f3n ambiental y la defensa de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Las observaciones internacionales coinciden con los planteamientos de la Alianza en que el Decreto 107-2026 constituye una amenaza para los procesos de reforma agraria, las recuperaciones territoriales, la defensa de los bienes comunes y las posibilidades de resolver democr\u00e1ticamente los conflictos relacionados con la tierra. La comunicaci\u00f3n advierte, adem\u00e1s, que en contextos marcados por procesos hist\u00f3ricos de despojo e injusta distribuci\u00f3n de la tierra, los Estados est\u00e1n obligados a impulsar reformas agrarias que aseguren un acceso eficaz y equitativo a la tierra.<\/p>\n\n\n\n

Respecto del Decreto 84-2026, los Procedimientos Especiales expresan preocupaci\u00f3n por la amplitud de determinadas disposiciones relacionadas con el terrorismo y la criminalidad organizada; sus implicaciones para el principio de legalidad y el debido proceso; y su posible utilizaci\u00f3n contra personas defensoras de derechos humanos, pueblos ind\u00edgenas, comunidades campesinas y organizaciones de la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n

En un pa\u00eds marcado por d\u00e9cadas de criminalizaci\u00f3n de las luchas territoriales, estas disposiciones pueden convertirse en nuevas herramientas de persecuci\u00f3n contra quienes defienden la tierra, el territorio, el agua, los bosques y los bienes comunes. La propia comunicaci\u00f3n advierte sobre el riesgo de que actividades leg\u00edtimas de organizaci\u00f3n, incidencia, movilizaci\u00f3n social o acompa\u00f1amiento directo sean asociadas indebidamente con el terrorismo o la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n

Naciones Unidas ha solicitado al Estado explicar qu\u00e9 salvaguardas adoptar\u00e1 para evitar que estas normas sean utilizadas contra campesinos, organizaciones rurales, cooperativas, sindicatos y quienes participan en protestas pac\u00edficas relacionadas con la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.<\/p>\n\n\n\n

Ante esta situaci\u00f3n, y en consonancia con las preocupaciones planteadas por los Procedimientos Especiales, exigimos al Estado de Honduras derogar el Decreto Legislativo 107-2026, por sus efectos regresivos sobre los derechos a la tierra, la alimentaci\u00f3n, la vivienda, la participaci\u00f3n, la protesta y la defensa de los derechos humanos, y por obstaculizar una pol\u00edtica de acceso equitativo a la tierra y de reforma agraria; detener los desalojos forzosos, arbitrarios o abusivos contra comunidades campesinas, ind\u00edgenas y gar\u00edfunas, especialmente aquellos ejecutados al amparo del Decreto 107-2026 y de la Circular DGPN-(S\/D)- No. 009-2026, ante el riesgo de despojo, desplazamiento forzado y afectaciones a la vivienda, la alimentaci\u00f3n y la tierra; garantizar que ninguna actuaci\u00f3n estatal frente a conflictos agrarios, protestas o reivindicaciones territoriales derive en el uso desproporcionado de la fuerza, represi\u00f3n o desmovilizaci\u00f3n abusiva, y asegurar mecanismos de reparaci\u00f3n frente a violaciones de derechos humanos; garantizar el derecho de las comunidades campesinas, ind\u00edgenas y gar\u00edfunas a la organizaci\u00f3n, la reuni\u00f3n pac\u00edfica y la participaci\u00f3n efectiva en las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, la propiedad y el uso de la tierra; garantizar control y supervisi\u00f3n judicial efectiva de cualquier actuaci\u00f3n de desalojo, asegurando el debido proceso y la protecci\u00f3n del acceso a la tierra, el agua, las semillas, los cultivos, el ganado y otros recursos indispensables para los medios de vida de las comunidades; garantizar que las personas campesinas, ind\u00edgenas y defensoras del territorio puedan ejercer sus derechos y defender la tierra, el territorio y los bienes comunes sin temor a represalias, criminalizaci\u00f3n o persecuci\u00f3n; revisar integralmente el Decreto Legislativo 84-2026, separando claramente los marcos jur\u00eddicos aplicables al terrorismo y a la delincuencia organizada y garantizando que las definiciones penales cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; establecer salvaguardias claras para impedir que el Decreto 84-2026 sea utilizado contra campesinos, comunidades rurales, cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales en contextos de conflictos agrarios, recuperaci\u00f3n de tierras o protestas pac\u00edficas en defensa de la tierra y el territorio; garantizar que ninguna disposici\u00f3n del Decreto 84-2026 sea utilizada para criminalizar la defensa de los derechos humanos, del ambiente, de la tierra y del territorio, ni para equiparar las actividades leg\u00edtimas de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil con terrorismo o delincuencia organizada; garantizar que las formas propias de organizaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas, las estructuras comunitarias y las organizaciones sociales no puedan ser calificadas como terrorismo o delincuencia organizada; fortalecer la agricultura familiar campesina y avanzar hacia una pol\u00edtica efectiva de acceso equitativo a la tierra y reforma agraria, en correspondencia con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos; y exigimos la destituci\u00f3n inmediata del ministro director del INA, el se\u00f1or Javier Talavera, por su racismo y el manifiesto desprecio institucional hacia las familias campesinas y defensoras de los derechos territoriales. Sus discursos no solo estigmatizan la leg\u00edtima lucha por la tierra y vulneran la dignidad humana, sino que promueven la conflictividad agraria y validan la criminalizaci\u00f3n de quienes defendemos activamente los territorios ancestrales y productivos en Honduras.<\/p>\n\n\n\n

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