PRONUNCIAMIENTO

El Estado de Honduras debe atender las observaciones de Naciones

Unidas, revisar el Decreto 84-2026 y derogar el 107-2026

Las organizaciones abajo firmantes, reunidas en el Campamento Berta Vive/Campamento de Resistencia por la Vida del Pueblo Garífuna, reafirmamos la legitimidad histórica de las luchas campesinas, indígenas y garífunas por la tierra, los territorios, los bienes comunes y la defensa de la vida; y expresamos nuestro rechazo a las disposiciones legales y actuaciones del actual gobierno que buscan debilitar estos derechos, favorecer procesos de despojo y criminalizar la organización y la movilización social.

Durante décadas, las comunidades, pueblos y organizaciones populares hemos denunciado la concentración de la tierra, los desalojos, la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales sobre territorios comunitarios, la criminalización de quienes defienden sus derechos y el debilitamiento de las instituciones responsables de garantizar el acceso a la tierra y la protección de los bienes naturales.

Las comunicaciones emitidas los días 21 y 25 de agosto de 2026, por distintos Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advierten sobre los riesgos que representan los Decretos Legislativos 107-2026 y 84-2026 para el ejercicio de derechos fundamentales, y solicitan al Estado hondureño explicar las medidas que adoptará para garantizar su compatibilidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Estas observaciones respaldan y dan proyección internacional a las alertas y reivindicaciones que las organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y defensoras del territorio hemos venido sosteniendo en el marco de esta Alianza.

Respecto del Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, Naciones Unidas advierte sobre posibles afectaciones a los derechos a la tierra, la alimentación, la vivienda, la participación, la reunión y la asociación, el acceso a la justicia, la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos.

Las observaciones internacionales coinciden con los planteamientos de la Alianza en que el Decreto 107-2026 constituye una amenaza para los procesos de reforma agraria, las recuperaciones territoriales, la defensa de los bienes comunes y las posibilidades de resolver democráticamente los conflictos relacionados con la tierra. La comunicación advierte, además, que en contextos marcados por procesos históricos de despojo e injusta distribución de la tierra, los Estados están obligados a impulsar reformas agrarias que aseguren un acceso eficaz y equitativo a la tierra.

Respecto del Decreto 84-2026, los Procedimientos Especiales expresan preocupación por la amplitud de determinadas disposiciones relacionadas con el terrorismo y la criminalidad organizada; sus implicaciones para el principio de legalidad y el debido proceso; y su posible utilización contra personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones de la sociedad civil.

En un país marcado por décadas de criminalización de las luchas territoriales, estas disposiciones pueden convertirse en nuevas herramientas de persecución contra quienes defienden la tierra, el territorio, el agua, los bosques y los bienes comunes. La propia comunicación advierte sobre el riesgo de que actividades legítimas de organización, incidencia, movilización social o acompañamiento directo sean asociadas indebidamente con el terrorismo o la delincuencia organizada.

Naciones Unidas ha solicitado al Estado explicar qué salvaguardas adoptará para evitar que estas normas sean utilizadas contra campesinos, organizaciones rurales, cooperativas, sindicatos y quienes participan en protestas pacíficas relacionadas con la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Ante esta situación, y en consonancia con las preocupaciones planteadas por los Procedimientos Especiales, exigimos al Estado de Honduras derogar el Decreto Legislativo 107-2026, por sus efectos regresivos sobre los derechos a la tierra, la alimentación, la vivienda, la participación, la protesta y la defensa de los derechos humanos, y por obstaculizar una política de acceso equitativo a la tierra y de reforma agraria; detener los desalojos forzosos, arbitrarios o abusivos contra comunidades campesinas, indígenas y garífunas, especialmente aquellos ejecutados al amparo del Decreto 107-2026 y de la Circular DGPN-(S/D)- No. 009-2026, ante el riesgo de despojo, desplazamiento forzado y afectaciones a la vivienda, la alimentación y la tierra; garantizar que ninguna actuación estatal frente a conflictos agrarios, protestas o reivindicaciones territoriales derive en el uso desproporcionado de la fuerza, represión o desmovilización abusiva, y asegurar mecanismos de reparación frente a violaciones de derechos humanos; garantizar el derecho de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas a la organización, la reunión pacífica y la participación efectiva en las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, la propiedad y el uso de la tierra; garantizar control y supervisión judicial efectiva de cualquier actuación de desalojo, asegurando el debido proceso y la protección del acceso a la tierra, el agua, las semillas, los cultivos, el ganado y otros recursos indispensables para los medios de vida de las comunidades; garantizar que las personas campesinas, indígenas y defensoras del territorio puedan ejercer sus derechos y defender la tierra, el territorio y los bienes comunes sin temor a represalias, criminalización o persecución; revisar integralmente el Decreto Legislativo 84-2026, separando claramente los marcos jurídicos aplicables al terrorismo y a la delincuencia organizada y garantizando que las definiciones penales cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; establecer salvaguardias claras para impedir que el Decreto 84-2026 sea utilizado contra campesinos, comunidades rurales, cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales en contextos de conflictos agrarios, recuperación de tierras o protestas pacíficas en defensa de la tierra y el territorio; garantizar que ninguna disposición del Decreto 84-2026 sea utilizada para criminalizar la defensa de los derechos humanos, del ambiente, de la tierra y del territorio, ni para equiparar las actividades legítimas de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil con terrorismo o delincuencia organizada; garantizar que las formas propias de organización de los pueblos indígenas, las estructuras comunitarias y las organizaciones sociales no puedan ser calificadas como terrorismo o delincuencia organizada; fortalecer la agricultura familiar campesina y avanzar hacia una política efectiva de acceso equitativo a la tierra y reforma agraria, en correspondencia con los estándares internacionales de derechos humanos; y exigimos la destitución inmediata del ministro director del INA, el señor Javier Talavera, por su racismo y el manifiesto desprecio institucional hacia las familias campesinas y defensoras de los derechos territoriales. Sus discursos no solo estigmatizan la legítima lucha por la tierra y vulneran la dignidad humana, sino que promueven la conflictividad agraria y validan la criminalización de quienes defendemos activamente los territorios ancestrales y productivos en Honduras.

Simulación Jurídico Penal Construida por el Estado Contra la

Comunidad Garífuna de San Juan.

Tegucigalpa, 8 de sept-26. 

Después de la Asamblea Extraordinaria realizada el sábado 5 de septiembre de 2026, en el Campamento “Por la Vida del Pueblo Garífuna”, con la participación de más de 35 comunidades y organizaciones Garífunas, y con el acuerpamiento y respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas, campesinas e indígenas, declaramos: Por decisión de esta Asamblea General, y en ejercicio de nuestra autonomía y nuestro derecho a la libre determinación como Pueblo Garífuna, hemos decidido NO PRESENTAR a nuestra compañera y cuatro compañeros de la comunidad de San Juan a la audiencia convocada para el 11 de septiembre, ni a ningún otro proceso relacionado con la persecusión ilegal y racista contra nuestro pueblo. Nos negamos a convalidar una simulación jurídica y una emboscada procesal construida por el Poder Judicial de Honduras para proteger los intereses de la familia Rosenthal Hidalgo y su empresa PROMOTUR a quien obedece el magistrado Wagner Vallecillo, en la que no existen garantías de que nuestros argumentos, sustentados en el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia internacional y las sentencias de la Corte IDH, sean valorados con independencia, imparcialidad y apego a derecho.

El día 15 de julio nos presentamos a la audiencia inicial programada en el juzgado de Tela, y de manera ilegal y malisiosa no la realizaron porque querían someternos a la jurisdicción de criminalidad organizada. Lo decimos con absoluta claridad: No estamos evadiendo la justicia, la justicia nos está evadiendo. No estamos irrespetando el Estado de Derecho, el Poder Judicial y el Ministerio Público irrespetan el Estado de Derecho. Nuestra compañera y compañeros NO irán presos. Ellos NO son Criminales. NO son usurpadores. Los Rosenthal NO son dueños de San Juan.

Desde el 6 de julio de 2026 hemos presentado más de 52 recursos jurídicos, entre ellos excepciones y nulidades, que no han sido resueltos en tiempo y debida forma. Asimismo, el 15 de abril presentamos una acción jurídica ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación del artículo 15 de la Constitución de la República y el cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades Garífunas y una denuncia por desobediencia contra altos funcionarios del Estado de los últimos dos gobiernos por no cumplir las sentencias internacionales. El 16 de junio presentamos un habeas corpus preventivo y el 30 de junio un amparo colectivo ante la Sala Constitucional para evitar la aplicación de la ‘Ley Agroindustrial’ en nuestras comunidades y territorios, las cuales no han sido resueltas. Sin embargo, siete días después del amparo, la comunidad Garífuna de San Juan fue sitiada por más de 300 policías, gaseada, desalojada y desplazada, y cinco miembros de la comunidad fueron detenidos y acusados de usurpar el territorio de su propia comunidad, en el contexto de las pretensiones territoriales de la familia Rosenthal Hidalgo, dueños de la empresa PROMOTUR.

Después de más de dos meses, nuestra compañera y compañeros continúan criminalizados y amenazados con ser encarcelados. Fueron incluso acusados de pertenecer a estructuras de criminalidad organizada por defender el territorio ancestral de su propia comunidad. Todo esto ocurre pese a que existe una sentencia de la Corte IDH que reconoce los linderos del territorio ancestral de San Juan, pese a que la propia inconstitucional ‘Ley Agroindustrial’ establece que no debe aplicarse a comunidades indígenas y pese a que la familia Rosenthal no posee título de dominio pleno sobre el territorio ancestral de San Juan.

Durante más de 30 días hemos permanecido en este campamento de resistencia pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo justicia y el cumplimiento de las sentencias internacionales. En estos días hemos visto desfilar ante nuestros ojos la injusticia, el tráfico de influencias y la justicia selectiva: cartas de libertad para personajes condenados a 45 años de prisión por narcotráfico y para otros vinculados y confesos de delitos de asesinatos, mientras nosotros como pueblo garífuna somos perseguidos y criminalizados.

Denunciamos directamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, quien fue nominado en 2023 como magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el Partido Liberal, cuando este era dirigido por Yani Rosenthal Hidalgo. Wagner Vallecillo no puede escudarse en una supuesta independencia judicial para evadir su responsabilidad frente a estos hechos. Además, denunciamos públicamente que entre Yani Rosenthal Hidalgo y Wagner Vallecillo existe un vínculo de amistad y cercanía personal y política, una relación que resulta particularmente grave cuando existen intereses de la familia Rosenthal y su empresa PROMOTUR sobre territorios ancestrales del Pueblo Garífuna.

Tampoco podemos ignorar que el 15 de abril de 2026, el presidente de la Corte Suprema de Justicia participó en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, junto con las máximas autoridades del Estado, en una sesión en la que se impulsaron acciones para “fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad privada y enfrentar el delito de usurpación” en beneficio de los actores privados de poder económico. Estas decisiones comprometen la independencia judicial y contribuyen a construir un marco político e institucional en el que nuestros pueblos son presentados como invasores y usurpadores, mientras se favorecen intereses privados sobre nuestros territorios ancestrales.

Este caso penal ilegal y arbitrario, las campañas de odio del actual gobierno, el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, constituyen racismo institucional, desacato internacional y la utilización de los tribunales del país para favorecer intereses privados y empresariales por encima de los derechos ancestrales y colectivos. Además, estos hechos evidencias de un proceso sistemático de genocidio cultural, despojo territorial, persecución y criminalización del Pueblo Garífuna.

Este jueves 10 de septiembre presentaremos ante el Ministerio Público una denuncia por la comisión de crímenes de lesa humanidad, a fin de que estos hechos sean investigados de manera seria, independiente y exhaustiva, y se determinen las responsabilidades correspondientes. La denuncia estará sustentada en las múltiples acciones y hechos anteriormente señalados, así como en otras graves violaciones de derechos humanos que han sido debidamente documentadas, las cuales, en su conjunto, constituyen evidencias de un patrón sistemático de persecución, criminalización, despojo territorial, desplazamiento forzado, racismo institucional y afectación a los derechos fundamentales del Pueblo Garífuna.

A partir de esta fecha, convocamos a todas las comunidades Garífunas, a los movimientos sociales, pueblos indígenas y negros, organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas y demás organizaciones solidarias a movilización permanente en la Bahía de Tela, en defensa de la vida, el territorio, la justicia y la autodeterminación del Pueblo Garífuna.

Las sentencias de un Tribunal Internacional no se dialogan ni se negocian, se ejecutan y se cumplen.

#Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH Ya. #Alto al Genocidio contra el Pueblo Garífuna.

35 comunidades Garífunas, La OFRANEH, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Plataforma Agraria, COPINH, De Pueblo y Barrio, CILAH, ARCAH, La Ilimitada, Bufete de Justicia para los Pueblos y ODECO.

ODECO impulsa acciones afirmativas a favor de los migrantes retornados y en esta ocasión el señor Gobernador Cesar Agurcia, juramento a los miembros de la Asociación de Migrantes Retornados Garifunas.Que tiene como propósito fortalecer las organizaciones migrantes garifunas de los Departamentos de Colon, Atlantida y Cortes, para garantizar la participación activa, en procesos de toma de decisiones y en la implementacion de organizaciones, incidencia y comunicación.