ALIANZA CAMPESINA, INDIGENA, GARIFUNA Y POPULAR DE HONDURAS

PRONUNCIAMIENTO

El Estado de Honduras debe atender las observaciones de Naciones

Unidas, revisar el Decreto 84-2026 y derogar el 107-2026

Las organizaciones abajo firmantes, reunidas en el Campamento Berta Vive/Campamento de Resistencia por la Vida del Pueblo Garífuna, reafirmamos la legitimidad histórica de las luchas campesinas, indígenas y garífunas por la tierra, los territorios, los bienes comunes y la defensa de la vida; y expresamos nuestro rechazo a las disposiciones legales y actuaciones del actual gobierno que buscan debilitar estos derechos, favorecer procesos de despojo y criminalizar la organización y la movilización social.

Durante décadas, las comunidades, pueblos y organizaciones populares hemos denunciado la concentración de la tierra, los desalojos, la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales sobre territorios comunitarios, la criminalización de quienes defienden sus derechos y el debilitamiento de las instituciones responsables de garantizar el acceso a la tierra y la protección de los bienes naturales.

Las comunicaciones emitidas los días 21 y 25 de agosto de 2026, por distintos Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advierten sobre los riesgos que representan los Decretos Legislativos 107-2026 y 84-2026 para el ejercicio de derechos fundamentales, y solicitan al Estado hondureño explicar las medidas que adoptará para garantizar su compatibilidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Estas observaciones respaldan y dan proyección internacional a las alertas y reivindicaciones que las organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y defensoras del territorio hemos venido sosteniendo en el marco de esta Alianza.

Respecto del Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, Naciones Unidas advierte sobre posibles afectaciones a los derechos a la tierra, la alimentación, la vivienda, la participación, la reunión y la asociación, el acceso a la justicia, la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos.

Las observaciones internacionales coinciden con los planteamientos de la Alianza en que el Decreto 107-2026 constituye una amenaza para los procesos de reforma agraria, las recuperaciones territoriales, la defensa de los bienes comunes y las posibilidades de resolver democráticamente los conflictos relacionados con la tierra. La comunicación advierte, además, que en contextos marcados por procesos históricos de despojo e injusta distribución de la tierra, los Estados están obligados a impulsar reformas agrarias que aseguren un acceso eficaz y equitativo a la tierra.

Respecto del Decreto 84-2026, los Procedimientos Especiales expresan preocupación por la amplitud de determinadas disposiciones relacionadas con el terrorismo y la criminalidad organizada; sus implicaciones para el principio de legalidad y el debido proceso; y su posible utilización contra personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones de la sociedad civil.

En un país marcado por décadas de criminalización de las luchas territoriales, estas disposiciones pueden convertirse en nuevas herramientas de persecución contra quienes defienden la tierra, el territorio, el agua, los bosques y los bienes comunes. La propia comunicación advierte sobre el riesgo de que actividades legítimas de organización, incidencia, movilización social o acompañamiento directo sean asociadas indebidamente con el terrorismo o la delincuencia organizada.

Naciones Unidas ha solicitado al Estado explicar qué salvaguardas adoptará para evitar que estas normas sean utilizadas contra campesinos, organizaciones rurales, cooperativas, sindicatos y quienes participan en protestas pacíficas relacionadas con la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Ante esta situación, y en consonancia con las preocupaciones planteadas por los Procedimientos Especiales, exigimos al Estado de Honduras derogar el Decreto Legislativo 107-2026, por sus efectos regresivos sobre los derechos a la tierra, la alimentación, la vivienda, la participación, la protesta y la defensa de los derechos humanos, y por obstaculizar una política de acceso equitativo a la tierra y de reforma agraria; detener los desalojos forzosos, arbitrarios o abusivos contra comunidades campesinas, indígenas y garífunas, especialmente aquellos ejecutados al amparo del Decreto 107-2026 y de la Circular DGPN-(S/D)- No. 009-2026, ante el riesgo de despojo, desplazamiento forzado y afectaciones a la vivienda, la alimentación y la tierra; garantizar que ninguna actuación estatal frente a conflictos agrarios, protestas o reivindicaciones territoriales derive en el uso desproporcionado de la fuerza, represión o desmovilización abusiva, y asegurar mecanismos de reparación frente a violaciones de derechos humanos; garantizar el derecho de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas a la organización, la reunión pacífica y la participación efectiva en las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, la propiedad y el uso de la tierra; garantizar control y supervisión judicial efectiva de cualquier actuación de desalojo, asegurando el debido proceso y la protección del acceso a la tierra, el agua, las semillas, los cultivos, el ganado y otros recursos indispensables para los medios de vida de las comunidades; garantizar que las personas campesinas, indígenas y defensoras del territorio puedan ejercer sus derechos y defender la tierra, el territorio y los bienes comunes sin temor a represalias, criminalización o persecución; revisar integralmente el Decreto Legislativo 84-2026, separando claramente los marcos jurídicos aplicables al terrorismo y a la delincuencia organizada y garantizando que las definiciones penales cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; establecer salvaguardias claras para impedir que el Decreto 84-2026 sea utilizado contra campesinos, comunidades rurales, cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales en contextos de conflictos agrarios, recuperación de tierras o protestas pacíficas en defensa de la tierra y el territorio; garantizar que ninguna disposición del Decreto 84-2026 sea utilizada para criminalizar la defensa de los derechos humanos, del ambiente, de la tierra y del territorio, ni para equiparar las actividades legítimas de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil con terrorismo o delincuencia organizada; garantizar que las formas propias de organización de los pueblos indígenas, las estructuras comunitarias y las organizaciones sociales no puedan ser calificadas como terrorismo o delincuencia organizada; fortalecer la agricultura familiar campesina y avanzar hacia una política efectiva de acceso equitativo a la tierra y reforma agraria, en correspondencia con los estándares internacionales de derechos humanos; y exigimos la destitución inmediata del ministro director del INA, el señor Javier Talavera, por su racismo y el manifiesto desprecio institucional hacia las familias campesinas y defensoras de los derechos territoriales. Sus discursos no solo estigmatizan la legítima lucha por la tierra y vulneran la dignidad humana, sino que promueven la conflictividad agraria y validan la criminalización de quienes defendemos activamente los territorios ancestrales y productivos en Honduras.