DECLARATORIA DEL PUEBLO GARÍFUNA

Simulación Jurídico Penal Construida por el Estado Contra la

Comunidad Garífuna de San Juan.

Tegucigalpa, 8 de sept-26. 

Después de la Asamblea Extraordinaria realizada el sábado 5 de septiembre de 2026, en el Campamento “Por la Vida del Pueblo Garífuna”, con la participación de más de 35 comunidades y organizaciones Garífunas, y con el acuerpamiento y respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas, campesinas e indígenas, declaramos: Por decisión de esta Asamblea General, y en ejercicio de nuestra autonomía y nuestro derecho a la libre determinación como Pueblo Garífuna, hemos decidido NO PRESENTAR a nuestra compañera y cuatro compañeros de la comunidad de San Juan a la audiencia convocada para el 11 de septiembre, ni a ningún otro proceso relacionado con la persecusión ilegal y racista contra nuestro pueblo. Nos negamos a convalidar una simulación jurídica y una emboscada procesal construida por el Poder Judicial de Honduras para proteger los intereses de la familia Rosenthal Hidalgo y su empresa PROMOTUR a quien obedece el magistrado Wagner Vallecillo, en la que no existen garantías de que nuestros argumentos, sustentados en el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia internacional y las sentencias de la Corte IDH, sean valorados con independencia, imparcialidad y apego a derecho.

El día 15 de julio nos presentamos a la audiencia inicial programada en el juzgado de Tela, y de manera ilegal y malisiosa no la realizaron porque querían someternos a la jurisdicción de criminalidad organizada. Lo decimos con absoluta claridad: No estamos evadiendo la justicia, la justicia nos está evadiendo. No estamos irrespetando el Estado de Derecho, el Poder Judicial y el Ministerio Público irrespetan el Estado de Derecho. Nuestra compañera y compañeros NO irán presos. Ellos NO son Criminales. NO son usurpadores. Los Rosenthal NO son dueños de San Juan.

Desde el 6 de julio de 2026 hemos presentado más de 52 recursos jurídicos, entre ellos excepciones y nulidades, que no han sido resueltos en tiempo y debida forma. Asimismo, el 15 de abril presentamos una acción jurídica ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación del artículo 15 de la Constitución de la República y el cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades Garífunas y una denuncia por desobediencia contra altos funcionarios del Estado de los últimos dos gobiernos por no cumplir las sentencias internacionales. El 16 de junio presentamos un habeas corpus preventivo y el 30 de junio un amparo colectivo ante la Sala Constitucional para evitar la aplicación de la ‘Ley Agroindustrial’ en nuestras comunidades y territorios, las cuales no han sido resueltas. Sin embargo, siete días después del amparo, la comunidad Garífuna de San Juan fue sitiada por más de 300 policías, gaseada, desalojada y desplazada, y cinco miembros de la comunidad fueron detenidos y acusados de usurpar el territorio de su propia comunidad, en el contexto de las pretensiones territoriales de la familia Rosenthal Hidalgo, dueños de la empresa PROMOTUR.

Después de más de dos meses, nuestra compañera y compañeros continúan criminalizados y amenazados con ser encarcelados. Fueron incluso acusados de pertenecer a estructuras de criminalidad organizada por defender el territorio ancestral de su propia comunidad. Todo esto ocurre pese a que existe una sentencia de la Corte IDH que reconoce los linderos del territorio ancestral de San Juan, pese a que la propia inconstitucional ‘Ley Agroindustrial’ establece que no debe aplicarse a comunidades indígenas y pese a que la familia Rosenthal no posee título de dominio pleno sobre el territorio ancestral de San Juan.

Durante más de 30 días hemos permanecido en este campamento de resistencia pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo justicia y el cumplimiento de las sentencias internacionales. En estos días hemos visto desfilar ante nuestros ojos la injusticia, el tráfico de influencias y la justicia selectiva: cartas de libertad para personajes condenados a 45 años de prisión por narcotráfico y para otros vinculados y confesos de delitos de asesinatos, mientras nosotros como pueblo garífuna somos perseguidos y criminalizados.

Denunciamos directamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, quien fue nominado en 2023 como magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el Partido Liberal, cuando este era dirigido por Yani Rosenthal Hidalgo. Wagner Vallecillo no puede escudarse en una supuesta independencia judicial para evadir su responsabilidad frente a estos hechos. Además, denunciamos públicamente que entre Yani Rosenthal Hidalgo y Wagner Vallecillo existe un vínculo de amistad y cercanía personal y política, una relación que resulta particularmente grave cuando existen intereses de la familia Rosenthal y su empresa PROMOTUR sobre territorios ancestrales del Pueblo Garífuna.

Tampoco podemos ignorar que el 15 de abril de 2026, el presidente de la Corte Suprema de Justicia participó en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, junto con las máximas autoridades del Estado, en una sesión en la que se impulsaron acciones para “fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad privada y enfrentar el delito de usurpación” en beneficio de los actores privados de poder económico. Estas decisiones comprometen la independencia judicial y contribuyen a construir un marco político e institucional en el que nuestros pueblos son presentados como invasores y usurpadores, mientras se favorecen intereses privados sobre nuestros territorios ancestrales.

Este caso penal ilegal y arbitrario, las campañas de odio del actual gobierno, el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, constituyen racismo institucional, desacato internacional y la utilización de los tribunales del país para favorecer intereses privados y empresariales por encima de los derechos ancestrales y colectivos. Además, estos hechos evidencias de un proceso sistemático de genocidio cultural, despojo territorial, persecución y criminalización del Pueblo Garífuna.

Este jueves 10 de septiembre presentaremos ante el Ministerio Público una denuncia por la comisión de crímenes de lesa humanidad, a fin de que estos hechos sean investigados de manera seria, independiente y exhaustiva, y se determinen las responsabilidades correspondientes. La denuncia estará sustentada en las múltiples acciones y hechos anteriormente señalados, así como en otras graves violaciones de derechos humanos que han sido debidamente documentadas, las cuales, en su conjunto, constituyen evidencias de un patrón sistemático de persecución, criminalización, despojo territorial, desplazamiento forzado, racismo institucional y afectación a los derechos fundamentales del Pueblo Garífuna.

A partir de esta fecha, convocamos a todas las comunidades Garífunas, a los movimientos sociales, pueblos indígenas y negros, organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas y demás organizaciones solidarias a movilización permanente en la Bahía de Tela, en defensa de la vida, el territorio, la justicia y la autodeterminación del Pueblo Garífuna.

Las sentencias de un Tribunal Internacional no se dialogan ni se negocian, se ejecutan y se cumplen.

#Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH Ya. #Alto al Genocidio contra el Pueblo Garífuna.

35 comunidades Garífunas, La OFRANEH, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Plataforma Agraria, COPINH, De Pueblo y Barrio, CILAH, ARCAH, La Ilimitada, Bufete de Justicia para los Pueblos y ODECO.